El fallo emitido por la sala II del Tribunal de Apelaciones se resolvió con el voto mayoritario de los jueces Irurzun y Farah, quienes respaldaron el envío del caso a juicio. En contraste, el juez Boico expresó su desacuerdo y votó en disidencia. 

La Cámara Federal de Buenos Aires ratificó la validez del procedimiento que permite elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La decisión implica el rechazo a los planteos de nulidad presentados por la defensa del exmandatario, consolidando así el avance del proceso judicial hacia la etapa de juicio oral.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el juez Roberto Boico se pronunció en disidencia. La defensa, encabezada por la abogada Silvana Carreira, había solicitado la anulación del traslado del caso, argumentando irregularidades en la prórroga de los plazos de presentación y la supuesta extemporaneidad del requerimiento de la acusación particular.

Los jueces que conformaron la mayoría señalaron que en materia de nulidades debe aplicarse un criterio restrictivo y destacaron que no se verificó perjuicio concreto para la defensa. Además, recordaron que los cuestionamientos presentados ya habían sido tratados y desestimados previamente, y enfatizaron que la existencia de recursos pendientes no impide la continuidad del proceso. Asimismo, avalaron el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Ramiro González y señalaron que cualquier reclamo sobre producción de pruebas podrá hacerse valer en la etapa de contestación de la acusación.

En su disidencia, el juez Boico sostuvo que la acusación de la querella de Yañez debía considerarse nula por haberse presentado fuera de término y cuestionó el cierre de la investigación sin agotar la producción de pruebas ofrecidas por la defensa. Por ello, propuso que el expediente fuera remitido nuevamente al juez del caso, Daniel Rafecas, para que evaluara si correspondía ordenar esas pruebas antes de enviar la causa a juicio, subrayando así la importancia de preservar el debido proceso y el principio de igualdad de armas.