La iniciativa pretende poner presión sobre el Gobierno utilizando una herramienta legal controvertida, que originalmente fue promovida y fortalecida durante la gestión de Cristina Kirchner. Con este proyecto, la oposición busca generar un mayor control sobre el poder ejecutivo. 

La oposición consolidada, integrada por el kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, presentó un proyecto de ley para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca que el rechazo de una sola cámara del Congreso sea suficiente para anular un DNU y establece un plazo máximo de 90 días para su aprobación, en lugar de depender del rechazo de ambas cámaras como exige la legislación vigente.

El objetivo central de esta ley es frenar la creciente utilización de los DNU por parte del presidente Milei, quien los emplea para sortear al Poder Legislativo, especialmente en Diputados, donde su bancada libertaria tiene mayor fortaleza. La propuesta fue consensuada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Alejandra Vigo, y rápidamente se lograron reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen, aunque su tratamiento en el recinto se postergó para la próxima sesión.

Entre las modificaciones que plantea el proyecto se incluye la posibilidad de que ambas cámaras puedan tratar los decretos durante el receso parlamentario, lo que actualmente no sucede. Además, establece que si un decreto no es aprobado en un plazo de 90 días corridos, se considerará automáticamente derogado. Este cambio busca evitar situaciones como la del DNU 70/23 dictado en diciembre de 2023, que fue rechazado por el Senado pero quedó pendiente de tratamiento en Diputados.

El debate en comisión reflejó consenso en la necesidad de reglamentar el «silencio legislativo» ante los DNU, según señaló la senadora Juliana Di Tullio. Por su parte, el ex aliado del gobierno, Carlos Espínola, criticó la ley actual y destacó que el uso indiscriminado de los DNU afecta el sistema democrático. Desde el oficialismo, el senador Juan Carlos Pagotto defendió la postura del Ejecutivo, sugiriendo que, si bien no se puede modificar la Constitución, sí es posible reglamentar el ejercicio de herramientas como los decretos.