Distintas corrientes dentro del Partido Justicialista consideraron el resultado de la votación como un gesto de reconocimiento hacia las familias, en contraposición a lo que calificaron como la «crueldad» del Gobierno. Según señalaron sus dirigentes, la aprobación refleja un respaldo social a los derechos y necesidades de las personas con discapacidad.
El peronismo celebró el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de emergencia en Discapacidad, calificando la decisión como un reconocimiento a la lucha de las familias frente a lo que consideraron la “crueldad” del Gobierno. La derrota del oficialismo fue interpretada como un triunfo de la democracia y de quienes defienden los derechos de las personas con discapacidad.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó en redes sociales su agradecimiento a los diputados que votaron a favor de la ley, remarcando que la medida representa también un logro democrático que busca proteger a los sectores más vulnerables. Para Llaryora, la votación evidencia la importancia de que el Congreso actúe como contrapeso frente a decisiones que puedan afectar a la ciudadanía.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, dirigentes del peronismo, como el senador nacional Mariano Recalde y el diputado Itai Hagman, se sumaron a los festejos. Ambos resaltaron la importancia de la participación activa de las familias y de los prestadores, así como la continuidad de la lucha en el Senado para garantizar la aprobación definitiva de la norma. Hagman destacó además el papel del activismo social en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El respaldo al rechazo del veto también llegó desde otros espacios opositores, como el Frente Renovador. Sebastián Galmarini subrayó que la votación refleja un triunfo de la ciudadanía sobre la arbitrariedad del Ejecutivo y un fortalecimiento del equilibrio de poderes. Para los dirigentes opositores, el resultado no solo representa una victoria legislativa, sino también un mensaje político sobre la defensa de los derechos y la función del Congreso como garante de la democracia.





