El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín emitió una resolución que establece un plazo de seis meses durante el cual el Poder Ejecutivo queda impedido de implementar cualquier tipo de modificación o cambio relacionado con el asunto en cuestión.

La Justicia paralizó hoy el decreto 462/2025 mediante el cual el Gobierno intentaba implementar modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con ese decreto por un plazo de seis meses. Esta decisión fue celebrada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como un respaldo a la lucha sindical.

El decreto había sido promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con el fin de alterar la estructura del INTI, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y la eliminación de ciertas áreas dentro del organismo. La jueza dictaminó parcialmente a favor de la medida cautelar solicitada por ATE, impidiendo que se realicen esos cambios mientras dure el plazo establecido.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó su satisfacción por la resolución judicial y criticó duramente al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger, a quienes calificó como “inútiles”. Aguiar aseguró que seguirán luchando para evitar la aplicación de los decretos, resaltando que la defensa del INTI es fundamental para la industria y la producción nacional.

El objetivo del Gobierno con este decreto era integrar el INTI a una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Actualmente, el instituto cuenta con una plantilla de 2.356 empleados y un presupuesto anual superior a los 85.600 millones de pesos, distribuido en más de 250 reparticiones organizadas en seis niveles jerárquicos.