El objetivo principal de esta iniciativa es incentivar a los miembros de las fuerzas federales a denunciar cualquier tipo de irregularidad o hecho delictivo del que tengan conocimiento. A través de este nuevo sistema, se busca garantizar la protección de quienes se animen a reportar estas situaciones.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la creación de un nuevo sistema para proteger a policías y miembros de las fuerzas federales que denuncien delitos o irregularidades cometidas dentro de sus instituciones, como hechos de corrupción o casos de violencia institucional. La medida fue oficializada a través de la Resolución 831/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece la implementación del Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia. El objetivo es garantizar que quienes se animen a informar hechos ilícitos no sufran consecuencias laborales ni represalias por hacerlo.

Este sistema está diseñado para resguardar las condiciones profesionales y administrativas del personal de las distintas fuerzas —incluyendo la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal— que decidan denunciar, negarse a participar en actos delictivos o actuar como testigos. Se contemplan múltiples formas de represalia que quedarán prohibidas, como la violencia física o verbal, la asignación de tareas riesgosas, el aislamiento, los rumores, las sanciones infundadas o los traslados arbitrarios. Aunque el sistema no prevé protección física directa, busca detener cualquier intento de hostigamiento o sanción derivado de las denuncias.

La resolución también detalla los procedimientos para ingresar al sistema. No se aceptarán denuncias anónimas y toda solicitud será evaluada por la Autoridad de Aplicación, que podrá aceptar el ingreso de forma provisoria por 30 días cuando haya temor fundado de represalias. Durante ese lapso, el denunciante deberá presentar pruebas que justifiquen su permanencia en el programa. En caso de aceptación, se notificará a la máxima autoridad de la fuerza correspondiente, lo que implicará el cese inmediato de cualquier acción disciplinaria o medida adversa en curso.

Por otro lado, se establecen criterios para excluir a quienes presenten denuncias falsas, incumplan con sus obligaciones dentro del sistema o abusen de su condición protegida. La protección también podrá cesar cuando dejen de existir los motivos que la originaron. Asimismo, se prohíbe interrogar al denunciante sobre sus declaraciones ante el Ministerio de Seguridad y se advierte que quienes brinden testimonios falsos con intenciones maliciosas podrán ser sancionados disciplinariamente. Este nuevo mecanismo busca fortalecer la integridad dentro de las fuerzas federales y promover una cultura institucional más transparente.