En marzo de este año, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley de Organizaciones Criminales a través del decreto 177/2025. Esta normativa, conocida popularmente como “Ley Antimafias”, establece un marco legal específico para investigar, prevenir y sancionar a las asociaciones ilícitas que operan con estructuras jerárquicas, recursos financieros y métodos de intimidación.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que, por primera vez, la Justicia Federal autorizó una investigación especial en zonas críticas de la provincia de Santa Fe, amparada en la recientemente promulgada Ley de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafias”. Esta medida, que se aplicará principalmente en la ciudad de Rosario, apunta a combatir estructuras narcocriminales con fuerte arraigo territorial y permitirá el uso de herramientas legales excepcionales para desmantelar redes delictivas complejas.

Según detalló el Ministerio que conduce Patricia Bullrich, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por fiscales federales y provinciales, con el fin de coordinar acciones, intercambiar información de manera ágil y actuar de forma articulada en el territorio. La resolución judicial que habilitó esta medida fue firmada por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz, a partir de un pedido formal del Ministerio de Seguridad junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La ministra Bullrich celebró la puesta en marcha de esta herramienta legal, remarcando que permitirá golpear con más fuerza las estructuras del narcotráfico, sancionando no solo los delitos cometidos, sino también la pertenencia a organizaciones mafiosas. En paralelo, se realizó una audiencia clave en los Tribunales Federales de Rosario con la participación de fiscales especializados en crimen organizado y funcionarios del Ministerio, quienes delinearon los primeros pasos de esta intervención conjunta.

La Ley 27.786 fue promulgada en marzo mediante el decreto 177/2025 y establece mecanismos para investigar y sancionar a grupos criminales organizados de al menos tres integrantes que operen de forma estructurada en territorios determinados. 

Este nuevo enfoque ya tuvo aplicación en Mendoza, donde diez personas fueron procesadas con prisión preventiva por formar una organización delictiva que operaba desde una cárcel federal, dedicada al tráfico de drogas, armas y municiones. La Justicia fundamentó las imputaciones en la complejidad de la estructura criminal, lo que permite aplicar penas más severas bajo el nuevo marco legal.