El Gobierno nacional justificó el veto presidencial señalando que ya había enviado en abril una asistencia financiera por un total de 200 mil millones de pesos destinada a atender la emergencia en Bahía Blanca y zonas afectadas. Según el Ejecutivo, esa transferencia fue una respuesta rápida y concreta frente a los daños provocados por el temporal.

El Gobierno nacional decidió vetar una ley aprobada por el Congreso que proponía la creación de un fondo especial destinado a la reconstrucción de las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales. La administración del presidente Javier Milei argumentó que ya se habían transferido 200 mil millones de pesos en abril para asistir a los damnificados por las inundaciones del 7 de marzo, por lo que consideró innecesario el nuevo proyecto. En su rechazo, el Poder Ejecutivo lanzó duras críticas a legisladores de ambas cámaras, acusándolos de hacer uso político de una tragedia.

Desde Casa Rosada se sostuvo que el Congreso actuó con demoras y que la ley aprobada se superpone con medidas que ya habían sido implementadas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno considera que el Congreso llegó tarde al tratamiento del tema, y que la sanción de esta norma responde más a intereses partidarios que a una verdadera urgencia. En ese marco, Adorni defendió la decisión de vetar la ley 27.790, insistiendo en que el Estado ya había dado una respuesta integral.

El texto legal había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 4 de junio, luego de obtener media sanción en el Senado el 7 de mayo. La propuesta fue impulsada por senadores oficialistas y opositores, incluyendo a Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y el radical Maximiliano Abad, y obtuvo un apoyo amplio en ambas cámaras, superando los dos tercios requeridos para una eventual insistencia legislativa tras el veto presidencial.

Además del envío inicial de fondos, el Gobierno detalló una serie de acciones realizadas en el territorio afectado. Entre ellas, la entrega de ayuda directa a damnificados, asistencia financiera al municipio por 10 mil millones de pesos, el lanzamiento de líneas de crédito a través del Banco Nación, y el despliegue de operativos sanitarios y de emergencia, que incluyeron vuelos con insumos, ambulancias, un hospital móvil y la evacuación de más de 700 personas mediante fuerzas federales.