Una auditoría reciente reveló que en Argentina no se realizan inspecciones adecuadas sobre el fentanilo, una sustancia controlada de alta peligrosidad. Además, el país no utiliza los sistemas internacionales de control y seguimiento que permiten monitorear de manera eficaz el tráfico y la distribución de estas drogas.

Una auditoría reciente realizada por el Ministerio de Salud de Argentina reveló serias deficiencias en la trazabilidad y supervisión de sustancias controladas como el fentanilo y la efedrina, lo que podría facilitar su desvío hacia actividades ilegales como el narcotráfico. El informe indicó que las inspecciones están paralizadas y que el software internacional adquirido para monitorear estas drogas no está en funcionamiento, lo que deja grandes vacíos en el control estatal.

El informe, que se mantiene bajo reserva, detalló que el área responsable dentro de la ANMAT cuenta con solo seis empleados y no realiza inspecciones desde hace años. Además, esta dependencia no está conectada con las plataformas internacionales que permiten rastrear el movimiento de sustancias sensibles, lo que dificulta la supervisión adecuada y abre la puerta a manipulaciones. A esto se suma un ciberataque sufrido en 2023, que provocó la pérdida de información clave sobre inspecciones anteriores.

Uno de los puntos más preocupantes es que Argentina no utiliza el sistema I2ES, una plataforma gratuita de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que facilita el intercambio de autorizaciones de importación y exportación en tiempo real. En cambio, el país optó por un sistema alternativo desarrollado por la ONU que, aunque instalado, no está operativo. Esta falta de funcionamiento limita la capacidad para monitorear de manera efectiva las sustancias controladas, dejando a la información vulnerable a ser manipulada.

Además, el caso incluye presuntos vínculos políticos y contratos millonarios. La empresa HLB Pharma Group, relacionada con Ariel García Furfaro, recibió un contrato importante del municipio de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii. El apoderado legal del municipio en ese momento, Sebastián Nanini, pasó a ser propietario de la empresa proveedora, generando sospechas de conflicto de intereses. Nanini también tiene conexiones con figuras políticas y judiciales relevantes, creando un entramado que podría influir en las decisiones relacionadas con la compra y distribución de medicamentos.