La crisis habitacional en Argentina se ha intensificado en los últimos meses, reflejada en el aumento sostenido de asentamientos informales en zonas urbanas y periurbanas. La falta de acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, especialmente en el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y otras grandes ciudades del país.

Según estimaciones de organismos especializados, el déficit habitacional supera los 3 millones de viviendas, entre faltantes y hogares en condiciones de hacinamiento o infraestructura precaria. A esto se suman los desalojos, el encarecimiento de los alquileres y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios por parte de amplios sectores de la clase media y trabajadora.

Muchos ciudadanos, ante la imposibilidad de pagar alquileres en el mercado formal, recurren a la ocupación de terrenos o a la construcción informal en zonas sin servicios básicos. Esta situación genera tensiones sociales, conflictos judiciales y una creciente presión sobre los gobiernos locales.

El Gobierno nacional ha anunciado recientemente un relanzamiento de programas de urbanización y créditos para la vivienda, aunque los movimientos sociales denuncian que las políticas actuales son insuficientes y lentas en su implementación. Organizaciones como la UTEP y referentes territoriales reclaman una mayor inversión en obra pública habitacional, infraestructura comunitaria y legalización de barrios populares.

Además, piden la creación de un sistema integral de alquiler social que garantice el acceso a la vivienda a familias de bajos ingresos, especialmente en contextos de emergencia económica.