El objetivo de la reunión en comisión es avanzar con la firma de los dictámenes correspondientes, de modo que el proyecto quede en condiciones de ser tratado y votado próximamente en el recinto de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir en comisión un proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y respaldada por bloques como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos sectores de Encuentro Federal, también contempla un nuevo régimen de sanciones para menores involucrados en delitos. La intención oficialista es emitir dictamen en el plenario de comisiones, que se reunirá este martes, y avanzar hacia su tratamiento en el recinto antes de fin de mes.

En contraste, el proyecto genera un fuerte rechazo por parte de Unión por la Patria, los bloques de izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos. A estas posturas críticas se sumó recientemente el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien expresó su desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad, señalando que esa medida no aborda las causas estructurales del problema. La convocatoria al plenario fue realizada por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, para este martes a las 16 horas.

El plenario estará compuesto por las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente. Según fuentes parlamentarias, aunque el Gobierno había planteado originalmente la posibilidad de imputar desde los 13 años en casos graves, el consenso actual se inclina por establecer el umbral en los 14 años. Esta postura cuenta incluso con el respaldo de algunos legisladores de Unión por la Patria, como Ramiro Gutiérrez.

El proyecto contempla que los menores no puedan recibir condenas a prisión perpetua, fijando un máximo de 20 años de reclusión. Además, se prevé un enfoque de resocialización que incluye programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y asistencia médica. Se incorporaría también la figura del “supervisor”, encargado de acompañar el proceso de reinserción del joven. Otras medidas propuestas son penas alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento y centros especializados, además de la posibilidad de cumplir parte de la condena en el domicilio tras haber cumplido dos tercios de la pena.