La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, liderada por la macrista Silvia Lospennato, comenzó hoy el debate sobre diversas propuestas para regular la duración de las sesiones y limitar el uso de las cuestiones de privilegio, utilizadas por los legisladores para manifestaciones políticas.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, encabezada por la macrista Silvia Lospennato, inició hoy el debate sobre propuestas para regular la duración de las sesiones y restringir el uso de las cuestiones de privilegio, que originalmente permitían a los legisladores denunciar agravios o vulneraciones a sus fueros, pero que con el tiempo se han convertido en una herramienta para expresar posturas políticas y posicionar temas en la agenda pública.

Este uso excesivo ha provocado largas demoras en las sesiones, afectando el debate de los proyectos legislativos. Para evitarlo, diputados del PRO y aliados presentaron iniciativas que buscan optimizar el tiempo de discusión y reducir conflictos. Lospennato propuso dos proyectos, uno de los cuales establece un límite de tiempo para las cuestiones de privilegio según el tamaño de cada bloque: 20 minutos para bloques con más de 20 miembros, 15 minutos para los de entre 10 y 20, 10 minutos para los de 4 a 10, y solo 5 minutos para los de hasta 3 integrantes.

Silvia Lospennato propone establecer un horario fijo para las sesiones de la Cámara de Diputados, de 11 a 14 horas, con un límite de 9 horas por sesión y finalizando a las 20 horas. Si no se agota el orden del día, la sesión se reanudaría al día siguiente. Alejandro Bongiovanni y Martín Maquieyra sugieren mover los homenajes y las cuestiones de privilegio al final de la sesión, aunque esto podría generar vacíos en el recinto. Bongiovanni también propone que las cuestiones de privilegio sean limitadas a tres minutos y presentadas con mayor claridad. 

Además, se discutió una propuesta de Victoria Borrego para promover la transparencia, obligando a los diputados a declarar posibles conflictos de interés. Paula Penacca expresó dudas sobre la implementación de sesiones más tempranas y rechazó la idea de acotar las expresiones políticas, considerándola incompatible con el funcionamiento democrático. Christian Castillo acusó al PRO de intentar controlar la agenda, defendiendo el derecho de la izquierda a expresarse y cuestionando el proyecto de Borrego por no definir claramente los conflictos de interés.